Los procesos de educación son normalmente procesos de largo plazo. En educación nada o muy poco se consigue a corto plazo. Por eso mismo los procesos de educación requieren una planificación bien armada y continuidad.
Estamos en ambiente político eleccionario (¿cuándo no?), porque se acerca el cambio de gobierno. Los cambios de gobierno frecuentemente son interferencias que amenazan la continuidad y la planificación de los procesos de la educación. Cada gobierno trae su equipo y su proyecto, y aun siendo del mismo partido político, normalmente quiere distanciarse y distinguirse del anterior y aportar presunta o realmente su visión y novedades.
Desde el golpe de Estado del 89, dos factores han salvado suficientemente la continuidad y la planificación educativas: uno de ellos ha sido la estabilidad e independencia del Consejo Nacional de Educación y Cultura; y el otro ha sido el compromiso tácito de realizar el plan de la Reforma Educativa, diseñada entre 1989 y 1993 y años siguientes.
Pero hay otro factor que aún no se ha logrado: que la educación pase a ser política de Estado y no sea solamente política de gobierno. Hay países que hace tiempo lo consiguieron.
Si la educación se instala entre las políticas de Estado, se garantiza la continuidad y consecuentemente los procesos de educación y reforma pueden llegar hasta los objetivos y fines propuestos. Si la educación cambia de dirigentes, orientación y planes cada gobierno, los procesos interrumpidos quiebran el itinerario y esterilizan los esfuerzos y las inversiones hechas, y consecuentemente los objetivos que son de largo alcance no se logran.
Para que la educación se conduzca con políticas de Estado, el Estado tiene que concretar su proyecto de país. Hace años lo vengo diciendo y escribiendo. La educación no puede definirse claramente si los políticos y gobernantes no definen qué queremos que sea Paraguay dentro de diez, veinte, treinta años. ¿Para qué ayudamos a niños y jóvenes a prepararse, a capacitarse, si no sabemos cómo será el país en las próximas décadas? ¿Para que sean emigrantes? ¿Para que estudien profesiones que no tienen futuro, que tienen su días o sus años contados? ¿Para que desarrollen el país y lo hagan crecer? ¿En qué? ¿Será brillante nuestro futuro esperanzado en el desarrollo de las biotecnologías derivadas de la agricultura, de la ganadería, de los recursos de nuestra exuberante naturaleza?
Una política de Estado, sobre todo en educación, tiene poca proyección y garantía de pertinencia sin la definición del país y su futuro.
Entre las políticas de Estado tiene que priorizarse la política de financiación de la educación. La actual costumbre, impuesta por la legislación vigente para el Presupuesto Nacional, de definir la financiación de educación por períodos anuales, es una política miope que frena las posibilidades de realizar proyectos importantes de educación, que necesariamente deben ejecutarse en períodos mucho más largos. Podemos aprender de la experiencia de otros países, que nos aventajan en desarrollo educativo y que definen el presupuesto nacional de educación por períodos de cinco y más años.
Dada la trascendencia y la relación directa que hay entre ciencias, tecnologías y el desarrollo económico (también humano y social), estoy convencido que entre las políticas de Estado para educación hay que incluir una nueva política de Estado para el desarrollo científico. Si nuestros jóvenes no aprenden a producir conocimientos, a investigar, a producir patentes, nuestro desarrollo será solamente un deseo, no una realidad. Hoy no es pensable el desarrollo económico sin el desarrollo científico y tecnológico, para los cuales es necesario dinamizar a la educación en esta dirección.
Entrar en políticas de Estado requiere también remodelar el actual Proyecto Educativo Nacional, que tiene que ser actualizado y proyectado más clara y operativamente hacia el futuro, mirando a las necesidades y a las potencialidades del país estrechamente relacionadas con el desarrollo educativo.